Ley antifraude: Software para el correcto cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para la integridad y sostenibilidad de cualquier negocio. La adhesión a las regulaciones refleja la responsabilidad corporativa y salvaguarda a las empresas de riesgos legales y reputacionales.

La Ley Antifraude emerge como un elemento clave, estableciendo directrices claras y exigentes en materia de gestión fiscal y contable.

El propósito de esta ley va más allá de la mera prevención del fraude fiscal; busca instaurar un sistema de transparencia y confiabilidad en las operaciones financieras de las empresas. Por ello, La ley antifraude Software se convierte en un aliado indispensable para garantizar el cumplimiento de estas normativas.

La Nueva Ley Antifraude, que altera la Ley General Tributaria, es una normativa que incide principalmente en los procedimientos de administración interna y en los sistemas de facturación y contabilidad. Además, el contenido de la ley cubre una amplia gama de aspectos con el objetivo de combatir el fraude fiscal: desde las criptomonedas hasta las transacciones en efectivo, incluyendo la problemática de las herencias o todo lo relacionado con las jurisdicciones no colaborativas.

En julio de 2021 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley antifraude 2021 de acciones de prevención y combate contra el fraude fiscal, mediante la cual se establecen reglas contra la evasión fiscal y se modificaban varias normas gestionadas por la administración tributaria. A continuación, examinaremos algunos de sus aspectos más destacados.

Puntos clave de la Ley Antifraude

La reciente legislación, conocida como Ley Antifraude, introduce modificaciones significativas en la Ley General Tributaria, afectando especialmente a los procedimientos de gestión interna y a los sistemas informáticos empleados en la facturación y contabilidad.

Esta ley aborda una variedad de temas para combatir el fraude fiscal, desde el manejo de criptomonedas y operaciones en efectivo hasta aspectos relacionados con herencias y actividades en jurisdicciones no cooperativas.

La normativa impone criterios específicos para los sistemas de gestión que apoyan las actividades de facturación y contabilidad, enfocándose en garantizar la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad y permanencia inalterable de los registros financieros.

El objetivo central de esta ley es prevenir la creación y uso de programas informáticos que permitan la modificación indebida de información financiera y administrativa.

La Ley 11/2021, orientada a la prevención y combate del fraude fiscal, modifica varias normativas, con un enfoque principal en el ámbito tributario. Su propósito se bifurca en dos direcciones principales: adaptar la legislación europea en materia de evasión fiscal al marco nacional y establecer medidas para promover la justicia tributaria y fortalecer el control fiscal.

Dentro de sus objetivos, la ley impacta directamente a los trabajadores autónomos en varios aspectos:

Refuerzo del control sobre las transacciones y ventas comerciales:

Uno de los aspectos fundamentales de la Ley 11/2021 es intensificar el control de las transacciones comerciales. Esto se consigue principalmente mediante dos acciones: la limitación de pagos en metálico a un tope de 1.000 euros, con multas del 25% del valor de la transacción si no se cumple, y un mayor rigor en la batalla contra los sistemas que permiten la contabilidad paralela.

Promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales

Una mejora positiva para los autónomos es la disminución de las penalizaciones por la presentación atrasada de impuestos, ahora restringidas a un 1% por cada mes de demora hasta un límite de 12 meses.

A pesar de su perspectiva más rigurosa, otra estrategia para promover la observancia fiscal es la reducción del límite a 600.000 euros para que un contribuyente, ya sea un empresario o un individuo, sea incorporado en el registro de deudores del Tesoro.

Ley Antifraude Software

Esta ley se centra en eliminar el uso de programas que puedan servir para fines ilícitos, como aquellos sistemas de gestión y facturación que facilitan llevar una contabilidad oculta. Estos programas permiten, de manera indebida, la selección y manipulación de facturas y cifras financieras.

Nuestra solución de software está diseñada para cumplir con los requisitos de «integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros», conforme a lo establecido en la normativa publicada en el BOE.

Es vital asegurarse de que cualquier software de gestión y facturación que elijas no facilite prácticas no conformes, como:

  • La creación de registros contables no oficiales o «caja B».
  • La modificación o registro de transacciones de forma que no sean transparentes o auditables.
  • La garantía de que todos los datos ingresados permanezcan inmutables, seguros y completamente rastreables.
  • Además, es crucial que el software esté debidamente certificado, cumpliendo con lo estipulado en el apartado f del artículo 201 BIS de la Ley Antifraude.

Consecuencias de no cumplir con esta normativa

Empresas y trabajadores autónomos enfrentan consecuencias significativas si no cumplen con los requisitos establecidos por la ley antifraude. Las posibles sanciones para las empresas, especialmente las dedicadas a la fabricación de software, podrían ascender a hasta 150,000 €, mientras que aquellas con anomalías detectadas podrían enfrentar multas de hasta 50,000 € por cada periodo fiscal en el que se haya utilizado el software.

Es crucial destacar que en caso de que Hacienda identifique comportamientos sancionables a lo largo de varios ejercicios fiscales, las multas se acumularán, lo que puede tener un impacto significativo en los registros contables finales.

La entrada en vigor de la Ley Antifraude ocurrió el 11 de octubre de 2021, pero aún se espera la publicación del reglamento que detalla los requisitos de la Ley antifraude. Aunque inicialmente se proyectaba que esta parte entraría en vigor el 1 de julio de 2024, es probable que se retrase hasta 2025.

Las empresas de software deben evitar comercializar programas que faciliten la ocultación o eliminación de facturas y la práctica de dobles contabilidades.

En InfortisaLABS estamos comprometidos frente a los cambios legales y sostenemos una comunicación continua con la Administración Pública para certificar nuestros productos de acuerdo con los requisitos de la nueva normativa. Estamos listos para acompañarte en todo el proceso de adaptación, ofreciendo soluciones y servicios debidamente certificados que garanticen el cumplimiento integral del nuevo reglamento.

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