Ley de facturación electrónica: Software cumplimiento normativo

La Ley 18/2022, conocida como Ley Crea y Crece, tiene como objetivo principal revitalizar el sector empresarial facilitando y simplificando los procedimientos y requisitos necesarios para la fundación de empresas. Esta ley representa un paso importante para España en su esfuerzo por alinearse con las recomendaciones y exigencias internacionales que buscan hacer más accesibles y eficientes estos procesos empresariales.

Con la reciente aprobación de la ley Crea y Crece, las empresas se ven en la obligación de adoptar la facturación electrónica al ofrecer sus servicios a otras empresas o autónomos. Esta medida, que ya estaba en práctica en las relaciones entre las administraciones públicas y sus proveedores desde 2015, ahora se extiende al ámbito empresarial

La implementación de la factura electrónica

Aquellas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros deberán adoptar la factura electrónica en un plazo de 1 año a partir de la aprobación del reglamento técnico.

  • Por otro lado, para las empresas con una facturación inferior a los 8 millones de euros, el periodo de implementación se extenderá a 2 años desde la aprobación del reglamento técnico.

Cómo se emite la factura electrónica

El nuevo sistema de factura electrónica estará compuesto por un conjunto de plataformas de intercambio de facturas electrónicas de carácter privado y por una solución pública de facturación electrónica (gestionada por la AEAT) que actuarán como canales de direccionamiento para la emisión, transmisión y recepción de facturas electrónicas. La solución pública actuará también como repositorio de facturas electrónicas, posibilitando su descarga individual y masiva.

Los empresarios o profesionales podrán optar por utilizar un sistema privado de facturación electrónica o el sistema público de facturación electrónica.

En el caso de que se opte por la vía privada, las empresas privadas especializadas tendrán que habilitar la interconexión de la emisión y recepción entre diferentes plataformas privadas y la plataforma pública de facturación electrónica.

Qué debe tener la facturación electrónica

Existen tres condiciones para considerar a una factura electrónica:

Emitidas por el programa de facturación de la AEAT

De acuerdo con el reglamento publicado para consulta pública, para que una factura electrónica sea válida, la compañía debe haberla generado a través de un sistema informático que cumpla con los criterios establecidos por este mismo reglamento para los programas de facturación. 

También existe la alternativa, para ciertos casos en los que se generen muy pocas facturas o de manera muy esporádica, de usar la aplicación informática que la Administración tributaria proporcionará para tal fin.

Que contenga un código identificativo y un código «QR»

Para ser legales, estas facturas electrónicas deberán incluir un código de identificación y un código QR formados de acuerdo con las especificaciones técnicas y funcionales que se establezcan mediante Orden Ministerial por parte de Hacienda

Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT

Las facturas electrónicas deberán incluir el distintivo “VeriFactu” únicamente cuando se hayan acogido a la opción que va a habilitar la Agencia Tributaria para que el sistema informático de la empresa intercambie de manera instantánea todos los registros de facturación con la Administración.

Este último punto es especialmente interesante para acreditar transparencia y que se cumplen todas las obligaciones tributarias, no sólo de cara a la AEAT, sino también a las demás empresas que pueden convertirse en clientes.

Garantizar la integridad, la autenticidad y la trazabilidad

Estas tres claves se podrán cumplir a través de distintos elementos que fijará el reglamento una vez que se haya aprobado. Algunos de ellos podrían ser las huellas digitales del contenido, el empleo de códigos QR que faciliten la captura y digitalización de la información impresa, la estandarización de formatos de los datos o el uso de firma digital.

Utilizar un formato que asegure el acceso digital

Los destinatarios deberán poder leer, copiar, descargar e imprimir las facturas fácilmente. El acceso a la factura electrónica deberá mantenerse durante al menos cuatro años

Incluir los demás elementos obligatorios que ya marca el reglamento de facturación para cualquier factura los datos que deberán incluir las facturas electrónicas del mismo modo que las convencionales son: número de factura; fecha de emisión; datos fiscales del emisor y receptor; concepto; base imponible; tipo impositivo; importe total e información del registro mercantil, si eres una empresa.

Puntos clave de la Ley de Facturación Electrónica

La ley estipula que, a partir del momento en el que se apruebe el reglamento acerca de la facturación electrónica, los pequeños negocios y los autónomos tendrán dos años para implementarla. Las empresas con más de ocho millones de euros de facturación anual tendrán un año.

Teniendo en cuenta que este reglamento se halla actualmente sometido a consulta pública, será en la segunda mitad de 2025, como pronto, cuando se agote el plazo. 

Sin embargo, iniciar la adaptación cuanto antes es lo recomendable: cuando la factura electrónica sea obligatoria, no tenerla implementada puede suponer graves sanciones económicas.

¿Cuáles son los objetivos y medidas?

El principal objetivo de esta ley es el de hacer crecer el tejido productivo facilitando la creación de pequeñas y medianas empresas, puesto que son ellas las que conforman la mayor parte del tejido empresarial.

Algunas de las medidas que se implementan en esta ley son:

  • Favorecer el crecimiento de empresas mejorando el marco regulatorio y simplificando legislación y procedimientos.
  • Se agiliza la constitución de una nueva empresa con la tramitación telemática a través de la ventanilla única del CIRCE, que reduce tiempo, plazos y costes para el emprendedor.
  • Poner en marcha el uso obligatorio de la factura electrónica, lo que garantiza una mayor trazabilidad y evitará o reducirá considerablemente la morosidad.
  • Impulsar también la financiación alternativa al mejorar la regulación de mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo y reforzar la protección de los inversores reduciendo los costes de gestión.
  • Crear una empresa sin necesidad de capital y menos trámites con la entrada en vigor de la nueva ley es posible constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de tan solo 1 euro, a diferencia del mínimo legal establecido hasta el momento, que era de 3.000 €. 

Ahora bien, a pesar de que se puede crear una empresa con un 1 € de capital, las empresas están obligadas a destinar el 20% de sus beneficios a la partida de Reserva Legal, hasta que sumada al capital social llegue a los 3.000 €.

Otro de los cambios importantes a destacar es la simplificación de los trámites para crear Sociedades Limitadas. Con esta ley, las empresas se podrán crear en menos de 10 días laborales de forma telemática mediante la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

Esto, además de ahorrar a los emprendedores tener que acudir presencialmente a un organismo público o notaría, garantiza una reducción en los plazos de creación del negocio y de los costes notariales y registrales.

Incentivar el crecimiento de las empresas

La ley también lanza una serie de medidas para favorecer el crecimiento de los negocios, mediante la simplificación de la legislación existente relativa a las actividades económicas, eliminando regulaciones innecesarias y estableciendo procedimientos más ágiles.

Un punto importante es la modificación de la Ley de Medidas de Liberalización del Comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. 

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes Comunidades Autónomas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Medidas contra la morosidad

La ley Crea y Crece interpone una serie de normas e incentivos para que las empresas cumplan los plazos de pago y se consiga reducir la tasa de morosidad.

Esta nueva norma amplia la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales para así garantizar un mejor seguimiento y control de pagos. 

Con esta medida, a la vez, se está obligando al tejido empresarial español a evolucionar hacia un modelo de transformación digital más parecido al de otros países vecinos de la UE.

Software para cumplir con la Ley de facturación electrónica

En primer lugar, es importante destacar que no cumplir con la facturación electrónica puede generar consecuencias legales y financieras para la empresa. 

La Agencia Tributaria es la encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa y, por lo tanto, puede sancionar a las empresas que no cumplan con la obligación de emitir facturas electrónicas. Las sanciones pueden variar desde una multa económica hasta la imposibilidad de participar en concursos públicos o la imposibilidad de realizar trámites con la administración pública.

Consecuencias

Además, con esta ley de facturación electrónica, no emitir facturas electrónicas puede generar problemas con los clientes de la empresa, ya que muchas empresas y entidades públicas requieren facturas electrónicas para poder realizar el pago. Si la empresa no cumple con esta normativa, puede generar retrasos en los pagos o incluso la pérdida de clientes.

Otra posible consecuencia de no cumplir con la facturación electrónica es que la empresa puede tener dificultades para cumplir con otras obligaciones fiscales. 

Las facturas electrónicas son un elemento clave para el control y la gestión de los impuestos, y si la empresa no cumple con esta obligación, puede tener problemas para presentar sus declaraciones fiscales.

Por otro lado, si la empresa está obligada a facturar electrónicamente pero no cuenta con los medios tecnológicos para hacerlo, deberá invertir en la adquisición de los equipos y software necesarios para cumplir con la normativa. Esto puede generar un costo económico adicional para la empresa

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